JS Vocal - шаблон joomla Книги
Rate this item
(0 votes)

Alguna autoridad en Oaxaca dijo “que nadie se quede sin su tarjeta” y su palabra fue orden. Ya que el vil plástico tenga saldo, es otro asunto que los damnificados habrán de intentar resolver en alguna ventanilla burocrática. ¿De qué les hablamos? Ah, pues nada… que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo el mando de la confiable con los pesos de Rosario Robles (dijo nadie, nunca) está haciendo entrega de tarjetas de Bansefi (del también muy honesto Virgilio Andrade) con “ayuda” para damnificados por los terremotos, pero sin ni un peso.

Lo anterior es denunciado por varios integrantes de comunidades indígenas del Itsmo, quienes como modo de presión para “resolver las irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos”, han realizado bloqueos carreteros. Otros, simplemente cuentan su desgracia a los medios de comunicación: “yo fui a la casa de materiales y ahí me dijeron: ‘Su tarjeta no tiene fondos, ya lo ocupó, ya lo gastó’ y les dije ‘No, es la primera vez” (…) A mí ya me da pena venir, quiero que me depositen, yo necesito el dinero, yo sola estoy a cargo de mi hermano”, señaló para López Dóriga una damnificada del municipio de Ixtaltepec, a quien después del censo de viviendas, le dieron una tarjeta de Bansefi con un supuesto saldo de 120 mil pesos, monto dado a las personas cuya vivienda presenta graves daños.

Pero las irregularidades en el caso de la mujer identificada como “María Luisa” no quedan ahí. Según denuncia, empleados de Bansefi y la Sedatu intentaron quitarle la tarjeta. Según ellos, el plástico había sido entregado “por equivocación”… quizás porque, con ayuda de ingenieros, no tuvo que demoler su vivienda, lo cual no quiere decir que no necesite del apoyo económico: ‘¿Por equivocación? ¡Pasen! Entonces esos muchachos se quedaron sorprendidos de que la casa sí estaba dañada”.

Al respecto, las autoridades emitieron un comunicado en el que informan que, de la manga, se sacaron un proceso que claramente explica por qué se entregaron tarjetas sin saldo. Ahora verán, es más o menos así: “para las familias cuyas casas resultaron afectadas con daño parcial, se determinó la entrega de una tarjeta del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para disposición de efectivo. Para aquellas personas cuyos hogares sufrieron daño total, se definió la entrega de dos tarjetas de Bansefi: la primera para disposición de efectivo y la segunda destinada exclusivamente para la adquisición de materiales en comercios del giro de la construcción”.

¿Todo bien, no? Pues bueno, como le tuvieron mucha confianza a su censo realizado por la Sedatu, éste se verificó, encontrando que era necesario hacer una que otra corrección: de daño total, se clasificaron viviendas como daño parcial. En otras ocasiones – como a las autoridades le gustó dar tarjetas a lo güey – familias recibieron dos tarjetas al ser clasificada su vivienda como daño parcial, razón por la cual, una de ellas no tiene saldo ¿¿¿??? Lo que no tomaron en cuenta las autoridades, es que la gente no se iba a esperar a ver a qué horas se les ocurría darles el apoyo (en Oaxaca y Chiapas ya pasó más de un mes de la tragedia), así que – como el caso de la señora “María Luisa” – pidieron prestado para reconstruir sus viviendas. Y es así como llegan los de la Sedatu y determinan que las casas no son pérdida total, sino parcial.

En fin, aún así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se han entregado más de 23 mil tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca. ¿Contando las que no tienen fondos?

Rate this item
(0 votes)

Cuando el diputado de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, señaló que su propuesta de que todos los profesionistas tengan que renovar cada seis años su cédula – con la que acreditan el término de sus estudios – se justifica por el hecho de que “la sociedad requiere profesionistas capacitados y especializados que brinden bienestar y satisfacción”, muchos –aguantándose las ganas de mentarle su jefecita – nomás cerraron el puño y dijeron “no, pos sí, tiene razón el güey ése”.

Pero a ver, Sr. Diputado… ¿por qué no comenzamos con usted? “No, pues yo no”, contestaría. ¿Usted no accede a aplicarse la prueba? “No… es que yo nomás la prepa”. Uta…

Así es. El “dipu” García Yáñez tuvo la idea de que todo aquel que presume ser profesionista compruebe sus conocimientos cada seis años, a ver si es cierto que muy ver#$%. De no pasar la prueba, pues entonces se vería impedido para seguir ejerciendo su profesión y esto obligaría a que gente que se dedica a ciencias de la salud (o cualquier área en la que la vida de otros depende de su capacidad) esté en constante actualización. No suena tan mal la propuesta… sin embargo, el asunto se vuelve fácil para el de Nueva Alianza, ya que él no tiene nada que comprobar… no cuenta con licenciatura. Según el Sistema de Información Legislativa, donde consta el perfil del legislador en cuestión, el último grado de estudios del morelense es preparatoria, hecho que vuelve un poco dispareja su propuesta. ¿Cómo tiene el cinismo de andar pidiendo cosas que él no tiene la capacidad de demostrar?

De acuerdo con la propuesta de García Yáñez, la SEP – a través de la Dirección General de Profesiones – integraría un padrón de especialidades en el que sería posible checar si los profesionistas están actualizados o no. Así, para que los licenciados aparecieran, sería necesario que presentaran un examen teórico-práctico, a fin de demostrar que de verdad tienen los conocimientos necesarios y no nomás van a sentarse en su curul a dormir y luego votan o proponen cosas a lo güey… digo, que sí están actualizados en su materia. En caso de reprobar, estarían impedidos de seguir ejerciendo, así hasta que consigan aprobar. Es decir, mantendrían el derecho de solicitar prórroga o término para acreditar sus estudios… es que “sin registro o certificado, no hay legalidad”, señaló mordiéndose la lengua el diputado.

La propuesta ya pasó a la Comisión de Educación para ser revisada. En redes sociales la idea es criticada ya que, además de resultar manchada para aquellos que la sufrieron para pasar un examen profesional, implica – seguramente – un gasto periódico para el profesionista O qué, ¿a poco creen que el trámite, el examen y la certificación va a ser gratis?

Rate this item
(0 votes)

El juez Brian Cogan del distrito este de Nueva York negó al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera su solicitud para mantener “visitas de contacto” con su abogado, Eduardo Balarezo.

En una decisión difundida el martes en el archivo público del caso, Cogan negó la solicitud debido a que el gobierno tomó medidas para que ambos puedan revisar los documentos relacionados con su defensa, pese a estar en una habitación dividida.

 

En un análisis ordenado por la corte, la jueza magistrada Roanne Mann había concluido a finales de septiembre que eran legítimas las preocupaciones de seguridad del Centro Correccional Metropolitano (MCC) para impedir visitas de contacto.

Mann, no obstante, había señalado que el hecho de que Guzmán Loera y su abogado se reunieran en una habitación separada por una hoja de plástico transparente impedía el legítimo derecho a la defensa del acusado.

En ese sentido, la corte ordenó al gobierno que instalara monitores de computadora a ambos lados de la habitación, así como una ranura para que Guzmán Loera y Balarezo pudieran intercambiar documentos para preparar su defensa.

 

Cogan pidió contar con tales modificaciones antes del 8 de noviembre, cuando está fijada una nueva comparecencia de Guzmán Loera ante la corte. Balarezo no ofreció reacciones sobre la decisión del juez.

 

“Las modificaciones propuestas por el gobierno otorgan al acusado los medios constitucionalmente adecuados para prepararse para el juicio sin interferir con la operación segura del MCC”, concluyó Cogan.

Estas modificaciones suceden luego de que el gobierno hubiera permitido a principios de mes que Guzmán Loera recibiera llamadas telefónicas regulares de Balarezo y de familiares inmediatos.

Sentenciado ya en México por delitos de narcotráfico, el “Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar en Nueva York 17 cargos relacionados con su actividad en la importación y distribución de enervantes. Su juicio está programado para comenzar en abril de 2018.

Rate this item
(0 votes)

El gobierno estatal entregó apoyos económicos a micros, pequeños y medianos empresarios (MiPyMes), como parte de las acciones que buscan reactivar la economía de las familias damnificadas por el sismo de magnitud 8.2.

Acompañado del secretario de Economía en el estado, Ovidio Cortazar Ramos y representantes de diferentes cámaras empresariales, restauranteras y hoteleras, el gobernador Manuel Velasco destacó que el propósito es apoyar directamente a las y los empresarios, para que continúen con sus actividades comerciales.

“El único objetivo es entregar estos apoyos de mano a mano a las mujeres y hombres que tuvieron algún tipo de afectación por el sismo; por eso se benefician directamente a las personas censadas. No hay ningún otro interés que poder ayudarlos en este reto que estamos enfrentando”, señaló.

Manifestó que a más de un mes del sismo,en Chiapas se continúa con la etapa de rehabilitación y reconstrucción de viviendas, escuelas, edificios públicos, comercios, templos y monumentos históricos.

Precisó que junto con el presidente Enrique Peña Nieto, desde Villaflores se inició la entrega de recursos, mediante Bansefi, a las familias que sufrieron afectaciones estructurales en sus viviendas y se realizó la entrega de apoyos a las MiPyMes que resultaron afectadas.

Agregó que desde el primer momento de la contingencia, el Gobierno del estado mantiene un trabajo coordinado con la Federación y los ayuntamientos para estar cerca de las familias damnificadas, donde la tarea ha sido de garantizar el apoyo humanitario y brindar la atención necesaria; asimismo, se realiza el censo para tener cifras claras y precisas, lo que permitió diseñar esquemas de apoyos a la población.

“Con estos recursos van a empezar a recuperar sus negocios, para que juntos sigamos reactivando la economía de nuestros municipios y las familias de Chiapas sigan saliendo adelante”, indicó.

“Hoy, desde aquí, quiero decirles que ninguna familia, comerciante, productor ni empresario, está solo. No nos vamos a detener hasta que cada una de las familias afectadas recuperen sus viviendas, y hasta que cada comerciante vea su negocio nuevamente funcionando”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Economía, dijo que la entrega de estos apoyos económicos a micros, pequeños y medianos empresarios, es un compromiso cumplido por el Gobierno de Chiapas y la Federación para reactivar la actividad económica delos mil 869 comercios en 22 municipios, identificados con afectaciones.

 

Rate this item
(0 votes)

Hasta el corte del 10 de octubre, un total de 36 ciudadanos han manifestado ante el Instituto Nacional Electoral su intención de contender como candidatos independientes a la Presidencia de la República.

Destacan entre ellos, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien llegó al gobierno de Nuevo León por la vía independiente; el periodista Pedro Ferriz de Con y el senador Armando Ríos Piter, quien se separó del PRD para solicitar la candidatura independiente.

La lista con la que oficialmente cuenta el Instituto hasta el momento, comienza con los registros de Alfredo Pérez Mata y Francisco Gerardo Becerra, quienes presentaron sus solicitudes el 12 y 25 de septiembre, respectivamente.

El propio Ferriz de Con lo hizo el 27 de septiembre, mientras el 28 lo hicieron Alfonso Trujano Sánchez, Wendolín Gutiérrez Mejía y Héctor Luis Javalois Loranca.

El 2 de octubre se registró Edgar Ulises Portillo Figueroa; el 3 Roque López Mendoza y el 4 Carlos Antonio Mimenza Novelo, José Francisco Flores Carballido y Armando Ríos Piter.

El 5 de octubre se registró Simón Pérez Torres y el 6 lo hicieron ocho ciudadanos más: María Elena Rodríguez Campa Romo, Eustacio Salinas Treviño, Esteban Ruiz Ponce, Salvador Vargas Trejo, Silvestre Fernández Barajas y Rodolfo Eduardo Santos Dávila.

El registro del 7 de octubre, conjunta 11 nombres, Ricardo Azuela Espinoza, María de Jesús Patricio Martínez, Gustavo Javier Jiménez Pons, Gabriel Salgado Aguilar, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, María Concepción Ibarra Tiznado y Jaime Antonio Rodríguez Martínez.

También Marco Ferrera Villarreal, Francisco Javier Rodrígues Espejel, Luis Antonio Hernández Sánchez y Aisha Vallejo Urtilla.

El día 8 de octubre solicitaron su registro Gonzalo Navor Lanche y Luis Modesto Ponce de León Armenta, mientras el 9 lo hizo Mario Fabián Gómez Pérez y el 10 Dante Figueroa Galeana y Alejandro Daniel Garza Montes de Oca.

No obstante, la presentación de la solicitud no los convierte automáticamente en candidatos, pues todavía el INE tiene que revisar la documentación para darles primero el estatus de “aspirantes” a candidatura independiente.

Después de obtener dicho documento, los aspirantes tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre ellas juntar un número de firmas para acreditar el apoyo popular, para lo cual tendrán un plazo de 120 días.

No se descarta que en esta semana se presenten más aspirantes a candidatos independientes, ya que el Instituto Nacional Electoral amplió hasta el 14 de octubre próximo el plazo previsto, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Rate this item
(0 votes)

La corrupción es un fenómeno cultural, dicen algunos. Está presente en cada esfera de la sociedad mexicana. Además de ser un problema ético, este mal tiene implicaciones mucho más tangibles: frena el desarrollo económico, deslegitima a las instituciones e incrementa la desigualdad. En pocas palabras, la corrupción tiene costos económicos, políticos y sociales, entre ellos, afecta la impartición de justicia. La organización no gubernamental Transparencia Internacional presentó su informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe este 9 de octubre. El estudio nos ayuda a dimensionar en dónde estamos parados y cuál es la situación en esta parte del continente americano. De acuerdo con la ONG, México tiene el índice más alto de percepción de corrupción en el área, seguido de República Dominicana, Perú, Venezuela y Panamá.

En nuestro país, 51% de los encuestados para la elaboración del informe respondieron que han pagado sobornos o tenido que hacer regalos a un funcionario para acceder a servicios. De escuelas u hospitales, para solicitar documentos de identidad y otros servicios públicos o para evadir alguna multa. En el polo opuesto se encuentran países como Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Jamaica, Chile, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. El reporte concluye que el deterioro de los derechos humanos, el debilitamiento de las estructuras de gobernanza, el aumento de la violencia y de inseguridad, además de la fractura de la libre expresión (periodistas, activistas y sociedad civil) son exacerbados por la corrupción y, en otros casos, estos delitos y abusos sólo son posibles a causa de ella.

“Este fenómeno afecta a las instituciones de justicia, debilita el Estado de Derecho, distorsiona los procesos políticos y permite la impunidad”, indica el texto. Y a todo esto, ¿cómo salieron evaluadas nuestras instituciones? Pues de la patada. El informe indica que los mexicanos creen que los niveles de corrupción han empeorado, el desempeño del gobierno frente a los casos de corrupción es malo, la policía es muy corrupta y la mayoría han incurrido en actos de soborno. La esperanza que queda es que la mayoría de los entrevistados contestó que creen que las personas pueden marcar una diferencia en la lucha contra este fenómeno.


Foto: Transparencia Internacional

Las personas y la corrupción se conformó tras consultar a más de 22 mil personas de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. En este enlace puedes descargar el informe.