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Según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, 41.6 por ciento de las mexicanas de 15 años o más han sido agredidas por su pareja, y de ellas, 40.6 por ciento reportaron haber sufrido violencia emocional, alertó Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La violencia en el noviazgo es vista por muchos jóvenes como una conducta natural o normal, por lo que es recurrente entre ellos; además, a ello se suman factores como infecciones de transmisión sexual, falta de placer, baja autoestima, deserción y escaso rendimiento escolar, trastornos alimenticios, inestabilidad emocional, embarazos precoces, así como utilización de sustancias adictivas y suicidios, añadió.

 

“Existe el riesgo de que vivir con violencia sea una situación normal y que las personas se acostumbren, sin percibir que los episodios ocurran cada vez con mayor frecuencia e intensidad”, advirtió la especialista en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Cuando en un individuo se combina la psicopatología con la violencia, éste podría manifestar conductas violentas que pudieran incurrir en asesinato, alertó.

 

En el ámbito legal, prosiguió, la violencia en el noviazgo “aún no está tipificada expresamente, pero puede incluirse dentro de la violencia familiar”.

 

Además, los adultos contribuyen a restar visibilidad a la violencia contra las mujeres en el noviazgo, pues buscan la aceptación social de esta conducta, toda vez que es la misma que existe y tienden a reproducir en el hogar, expuso la académica.

 

Ortiz León recomendó que si un joven se identifica como violento con su pareja, no debe justificar ese comportamiento ni aislarse, sino hablar y pedir ayuda profesional.

 

Destacó que el departamento a su cargo tiene la responsabilidad de brindar atención “a pacientes con psicopatologías y problemas de vida, a quienes orientamos con nuestros marcos de referencia como la psiquiatría, psicología y el trabajo social psiquiátrico”.

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La Cámara de Diputados aprobó un punto de urgente resolución propuesto por los Diputados Ciudadanos para que el Comité de Participación Ciudadana tenga una mayor relevancia en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La propuesta busca que el comité evalúe el proceso de implementación del SNA tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, y que emita recomendaciones según cada contexto en específico, para acotar los obstáculos que se presentan.

 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción ha encontrado varias dificultades que resultan graves, como la falta de nombramiento del Fiscal General, del fiscal anticorrupción, de magistrados, de titulares de órganos de control de organismos autónomos, etc.

 

 

Los Diputados Ciudadanos propusieron el punto de acuerdo como parte de su agenda de combate a la corrupción y la impunidad, y la que busca lograr incrementar la participación ciudadana y empoderar a la ciudadanía dentro de las nuevas instituciones.

 

 

El objetivo de es ayudar a fortalecer los comités de participación ciudadana y al mismo tiempo, dotarles de legitimidad ante las autoridades, pues hoy en día hay una resistencia al respecto.

 

 

Actualmente algunas legislaturas estatales se encuentran rezagadas en la promulgación de las leyes secundarias, ocasionando que el Comité de Participación Ciudadana realice amparos para corregirlas. También hacen falta de protocolos por parte de algunas instancias para implementar los nuevos instrumentos de denuncia ciudadana con la severidad que ameritan.

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la deuda externa de Venezuela, tras señalar que mientras “nadie confíe en el gobierno”, en referencia a empresas y gobiernos del mundo, no se podrá reestructurar la deuda.

 “Traidor es Maduro que endeudó de manera irresponsable a Venezuela y hoy nos está matando de hambre (…) Maduro no podrá reestructurar la deuda porque nadie en el mundo confía en su gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

 

La víspera, Maduro anunció que ha decretado una reestructuración de la deuda externa del país tras confirmar que liquidará los 1.121 millones de dólares a inversionistas vinculados con PDVSA.

 

“Debemos 120.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Dónde está esa plata ¿Alguien lo ve? ¡Se lo robaron! Lo que se ve es hambre, miseria, muertes, destrucción de la industria nacional”, señaló Borges.

 

Ante esto, el dirigente de Primero Justicia (PJ) insistió en que Maduro “mantiene un boicot sobre el pueblo al prohibir la apertura de un canal humanitario”.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que emprenderá un plan para el refinanciamiento de la deuda externa del país, a fin de alargar en el tiempo los pagos que están asfixiando a la economía.

 

El vicepresidente Tareck El Aissami dirigirá una comisión especial que convocará a los bancos y tenedores de títulos de la deuda venezolana para formalizar el plan de reestructuración.

 

Maduro ordenó pagar mil 121 millones de dólares en capital e intereses de los bonos emitidos por petrolera estatal PDVSA, que se vencen este viernes. Aseguró que tiene el dinero para concretar el pago.

 

“Mañana tenemos que pagar el monto de mil 121 millones de dólares del bono PDVSA 2017. Tengo el dinero para cumplir esta obligación y he ordenado que a primera hora se inicie el pago”, declaró.

 

Señaló que, una vez que se efectúe ese pago, formalizará un decreto para buscar el refinanciamiento de la deuda externa, que supera los 150 mil millones de dólares.

 

Con el anuncio, Maduro admitió los apuros que tiene el país para seguir con las millonarias amortizaciones y que en anteriores meses han alertado sobre una eventual colapso.

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El próximo domingo 29 de octubre finalizará el Horario de Verano en la mayor parte de la República Mexicana, ante lo cual se recomienda que la noche anterior, antes de ir a dormir, se atrasen los relojes una hora.

Es a partir del año 1996 cuando se comenzó a utilizar el Horario de Verano para tener el mismo huso horario que en Estados Unidos, además de que se pretendía aprovechar la luz natural y ahorrar energía eléctrica.

 

La Secretaría de Energía (Sener) informó que para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el Horario de Verano termina el domingo 5 de noviembre.

 

Dichos municipios son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua.

 

También Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; así como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

 

De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), el Horario de Verano consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación, ello, para reducir el consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector doméstico, aprovechando mejor la luz solar.

 

Al desplazarse la demanda una hora debido a este cambio de horario, se deja de consumir energía eléctrica, lo que además ayuda a disminuir la quema de combustibles utilizada para generar el flujo eléctrico.

 

Además, los estados de Quintana Roo y Sonora no participan en el Horario de Verano, por lo que durante todo el año mantienen el mismo horario.

 

El Fide también explica que con la aplicación del Horario de Verano, en 2016 hubo un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 975.28 gigawatts hora y una demanda evitada de 494.2 megawatts, de acuerdo con los estudios de la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

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Alguna autoridad en Oaxaca dijo “que nadie se quede sin su tarjeta” y su palabra fue orden. Ya que el vil plástico tenga saldo, es otro asunto que los damnificados habrán de intentar resolver en alguna ventanilla burocrática. ¿De qué les hablamos? Ah, pues nada… que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo el mando de la confiable con los pesos de Rosario Robles (dijo nadie, nunca) está haciendo entrega de tarjetas de Bansefi (del también muy honesto Virgilio Andrade) con “ayuda” para damnificados por los terremotos, pero sin ni un peso.

Lo anterior es denunciado por varios integrantes de comunidades indígenas del Itsmo, quienes como modo de presión para “resolver las irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos”, han realizado bloqueos carreteros. Otros, simplemente cuentan su desgracia a los medios de comunicación: “yo fui a la casa de materiales y ahí me dijeron: ‘Su tarjeta no tiene fondos, ya lo ocupó, ya lo gastó’ y les dije ‘No, es la primera vez” (…) A mí ya me da pena venir, quiero que me depositen, yo necesito el dinero, yo sola estoy a cargo de mi hermano”, señaló para López Dóriga una damnificada del municipio de Ixtaltepec, a quien después del censo de viviendas, le dieron una tarjeta de Bansefi con un supuesto saldo de 120 mil pesos, monto dado a las personas cuya vivienda presenta graves daños.

Pero las irregularidades en el caso de la mujer identificada como “María Luisa” no quedan ahí. Según denuncia, empleados de Bansefi y la Sedatu intentaron quitarle la tarjeta. Según ellos, el plástico había sido entregado “por equivocación”… quizás porque, con ayuda de ingenieros, no tuvo que demoler su vivienda, lo cual no quiere decir que no necesite del apoyo económico: ‘¿Por equivocación? ¡Pasen! Entonces esos muchachos se quedaron sorprendidos de que la casa sí estaba dañada”.

Al respecto, las autoridades emitieron un comunicado en el que informan que, de la manga, se sacaron un proceso que claramente explica por qué se entregaron tarjetas sin saldo. Ahora verán, es más o menos así: “para las familias cuyas casas resultaron afectadas con daño parcial, se determinó la entrega de una tarjeta del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para disposición de efectivo. Para aquellas personas cuyos hogares sufrieron daño total, se definió la entrega de dos tarjetas de Bansefi: la primera para disposición de efectivo y la segunda destinada exclusivamente para la adquisición de materiales en comercios del giro de la construcción”.

¿Todo bien, no? Pues bueno, como le tuvieron mucha confianza a su censo realizado por la Sedatu, éste se verificó, encontrando que era necesario hacer una que otra corrección: de daño total, se clasificaron viviendas como daño parcial. En otras ocasiones – como a las autoridades le gustó dar tarjetas a lo güey – familias recibieron dos tarjetas al ser clasificada su vivienda como daño parcial, razón por la cual, una de ellas no tiene saldo ¿¿¿??? Lo que no tomaron en cuenta las autoridades, es que la gente no se iba a esperar a ver a qué horas se les ocurría darles el apoyo (en Oaxaca y Chiapas ya pasó más de un mes de la tragedia), así que – como el caso de la señora “María Luisa” – pidieron prestado para reconstruir sus viviendas. Y es así como llegan los de la Sedatu y determinan que las casas no son pérdida total, sino parcial.

En fin, aún así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se han entregado más de 23 mil tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca. ¿Contando las que no tienen fondos?

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Cuando el diputado de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, señaló que su propuesta de que todos los profesionistas tengan que renovar cada seis años su cédula – con la que acreditan el término de sus estudios – se justifica por el hecho de que “la sociedad requiere profesionistas capacitados y especializados que brinden bienestar y satisfacción”, muchos –aguantándose las ganas de mentarle su jefecita – nomás cerraron el puño y dijeron “no, pos sí, tiene razón el güey ése”.

Pero a ver, Sr. Diputado… ¿por qué no comenzamos con usted? “No, pues yo no”, contestaría. ¿Usted no accede a aplicarse la prueba? “No… es que yo nomás la prepa”. Uta…

Así es. El “dipu” García Yáñez tuvo la idea de que todo aquel que presume ser profesionista compruebe sus conocimientos cada seis años, a ver si es cierto que muy ver#$%. De no pasar la prueba, pues entonces se vería impedido para seguir ejerciendo su profesión y esto obligaría a que gente que se dedica a ciencias de la salud (o cualquier área en la que la vida de otros depende de su capacidad) esté en constante actualización. No suena tan mal la propuesta… sin embargo, el asunto se vuelve fácil para el de Nueva Alianza, ya que él no tiene nada que comprobar… no cuenta con licenciatura. Según el Sistema de Información Legislativa, donde consta el perfil del legislador en cuestión, el último grado de estudios del morelense es preparatoria, hecho que vuelve un poco dispareja su propuesta. ¿Cómo tiene el cinismo de andar pidiendo cosas que él no tiene la capacidad de demostrar?

De acuerdo con la propuesta de García Yáñez, la SEP – a través de la Dirección General de Profesiones – integraría un padrón de especialidades en el que sería posible checar si los profesionistas están actualizados o no. Así, para que los licenciados aparecieran, sería necesario que presentaran un examen teórico-práctico, a fin de demostrar que de verdad tienen los conocimientos necesarios y no nomás van a sentarse en su curul a dormir y luego votan o proponen cosas a lo güey… digo, que sí están actualizados en su materia. En caso de reprobar, estarían impedidos de seguir ejerciendo, así hasta que consigan aprobar. Es decir, mantendrían el derecho de solicitar prórroga o término para acreditar sus estudios… es que “sin registro o certificado, no hay legalidad”, señaló mordiéndose la lengua el diputado.

La propuesta ya pasó a la Comisión de Educación para ser revisada. En redes sociales la idea es criticada ya que, además de resultar manchada para aquellos que la sufrieron para pasar un examen profesional, implica – seguramente – un gasto periódico para el profesionista O qué, ¿a poco creen que el trámite, el examen y la certificación va a ser gratis?